Si caminar por el Centro Histórico de San Salvador es difícil para las personas que cuentan plenamente con todas sus capacidades físicas y mentales, para la población que no las posee es mucho más. La infraestructura vial no está diseñada para ayudar a este sector a movilizarse con seguridad en las calles capitalinas. A esta problemática se suma el hecho de que la poca que existe es irrespetada por automovilistas y peatones.
La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece que las entidades responsables de facilitar la movilización vial a esta parte de la población son las alcaldías, el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); pero la realidad da cuenta de que estas instituciones han prestado poco interés en cumplir con la ley.
En las principales calles de la ciudad los obstáculos saltan a la vista; entre éstos, tragantes sin tapaderas, tensores de los postes de cables de energía eléctrica o telefonía colocados en diagonal sobre las aceras, plazas cercadas con barrotes y cadenas, vehículos estacionados y ventas obstruyendo el paso en áreas peatonales son algunas de las tantas barreras que las personas con discapacidad tienen que librar a diario para desarrollarse de forma productiva.
La ciudad resulta inaccesible para discapacitados
Nunca ha sido fácil desplazarse por la ciudad para Clariza Escobar, porque su paraplejía y la infraestructura urbana no combinan.
"Aquí no hay buses accesibles, sólo hay uno o dos en San Salvador. Además, hay un enorme problema para acceder a diferentes lugares, porque sólo hay gradas y deberían haber rampas", aseguró Escobar.
En el país, hay 70 mil 302 personas que tienen una limitación para moverse o caminar y otras 70 mil 824 que están ciegas, según el censo realizado en 2007 por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Dimas Rodríguez, integrante de la Mesa de personas discapacitadas de la Procuraduría de Derechos Humanos, pidió al gobierno pasar a las acciones y no quedarse en los simples discursos. Su exigencia la hizo durante un acto por el Día Internacional de las personas con Discapacidad, el 3 de diciembre pasado.
"No basta con conversaciones, no basta con seminarios. Es necesario que hagamos valer la Constitución, ya que constitucionalmente el Gobierno está obligado a dar educación gratuita, proveer salud, acceso al empleo y a hacer de este un país accesible en toda su infraestructura", reclamó.
Para Rodríguez no es suficiente la existencia de un programa de educación inclusiva en el país, sino que también se debe luchar por construir una ciudad amigable para las personas con discapacidad.
"De esa manera se hace historia, de esa manera vamos a hacer que la discapacidad no impida el desarrollo", añadió.
Mientras tanto, las escuelas públicas no poseen la infraestructura necesaria para facilitar el desplazamiento de los discapacitados.
Aún cuando el capítulo III de la Ley de Equiparamiento de Oportunidades (vigente desde 2000) contemple que las entidades responsables de autorizar planos y proyectos de urbanización, garantizarán que las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública o privada eliminen toda barrera que imposibilite a las personas con discapacidad el acceso a las mismas o a los servicios que en ella se presten.
"El problema no sólo se da en el transporte o en las calles, la mayoría de edificios no está acondicionados para las personas que padecemos alguna discapacidad. Mi casa, por ejemplo, tuve que acondicionarla y hacerle rampas", comentó Escobar.
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), Carlos Pastrana, expuso que ante esta problemática es necesario que autoridades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) haga valer las Normativas Técnicas de Accesibilidad.
"Esto no sólo debe hacerse porque se considere a las personas con discapacidad uno de los sectores más discriminados del país, sino por todos, ya que cuando lleguemos a la edad adulta necesitaremos edificaciones amigables", manifestó Pastrana.
El gobierno tiene el proyecto "Ciudades inclusivas no discapacitantes", el cual busca mejor la accesibilidad para los discapacidad. Y en el trabaja Obras Públicas, el Instituto Salvadoreño de Inválidos y Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco).
"En ese sentido, se pretenden colocar sendas táctiles, que tendrán como objetivo indicarle, sobre todo a las personas ciegas, los lugares más seguros y no seguros para transitar en el país", comentó Pastrana.
Pero la ejecución de la primera etapa del proyecto se frenó por la negativa del Viceministerio de Transporte (VMT), a la ampliación de las aceras de la calle Arce, impulsada por la Alcaldía de San Salvador, con el financiamiento de la Junta de Andalucía, ya que era ahí donde se colocarían las señales viales para ciegos. El alegato del VMT es que la zona es de alto tráfico vehicular y dificultaría el paso de los vehículos.
"Estamos en una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para poder instalarlas en la Calle Arce y la zona de los hospitales que nosotros recuperamos, así como en la ampliación de las aceras despejadas", explicó René Ayala, gerente de Desarrollo Urbano de la comuna capitalina.
Las sendas táctiles son losetas amarillas (que se ponen en la pared o suelo) y tienen una textura especial para que los no videntes identifiquen si el tráfico es idóneo para su desplazamiento por las calles.
"El ministerio ya tiene una planta que está produciendo una importante cantidad de estas losetas y nosotros estamos licitando las obras para la calle Arce, que sería el proyecto piloto donde instalaríamos las misma", explicó Ayala.
Este tipo de iniciativas, al igual que las pasarelas, también se está impulsando en otras sociedades de Latinoamérica.
Otro proyecto que desarrolla es la instalación de rampas, principalmente en el área metropolitana de San Salvador.
"El proyecto ha sido diseñado para potenciarse en todo el municipio de San Salvador y su área urbana, la construcción de 720 rampas y poder recuperar así mil 900 metros cuadrados de acera", dijo Ayala.
Según la alcaldía capitalina, se ha recuperado un 70 por ciento de aceras y se han construido unas 370 rampas.
Pero las rampas son consideradas inseguras por aquellos que deben desplazarse a través de ellas en silla de ruedas. Primero, por la falta antideslizantes y, segundo, porque no cuentan con pasamanos adecuados para permitir la movilidad segura de las personas.
Norma de Vázquez, quien usa silla de rueda desde hace 20 años, manifestó que ella no usa las rampas cuando llueve porque se ponen lisas y teme resbalarse cuando va sola a hacer algún mandado.
"Estas cosas no están pensadas para personas en silla de ruedas, digan lo que digan. Los políticos sólo hablan por hablar. Deberían ponerlos a ellos en silla de ruedas y hacerlo cruzar la calle por su famosas pasarelas a ver si no se van de boca", comentó con indignación Vázquez.
La primera dama y secretaria de Inclusión, Vanda Pignato, reconoció que el hacer accesible la ciudad a las personas con limitantes físicas es uno de los retos del Gobierno, pues se debe incluir la discapacidad en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por su parte, Marcos Suárez, quien perdió una pierna en un accidente de tránsito, explicó que desplazarse por la ciudad para una persona con discapacidad no sólo es un problema de infraestructura, sino económico. "Imagínese cuánto gasto para poder ir a pasar consulta. Si me voy en bus son $0.20, pero los buseros no siempre lo dejan subir a uno, así que me tengo que ir en taxi, y ahí me cobran unos $5. De dónde voy a sacar esa cantidad", lamentó.
FUENTE DE INFORMACION:http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5386048
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